Departamento de la Juventud Trabajadora
CUT Colombia, 5 de Agosto de 2015
El pasado 1 de agosto, en una columna del diario El Espectador se anunció que en los últimos cuatro años, se redujo el desempleo y que todavía no son claros los beneficios de la Ley del Primer Empleo de 2010, debido a que las reformas tributarias de 2012 y de 2014 habrían reducido los incentivos del programa para que las empresas contraten a personal menor de 28 años.
Las iniciativas que nacen para el cumplimiento de la Ley 1429 del año 2010, determinaron la creación del programa “40.000 primeros empleos” del Gobierno Nacional: basándose en fomento de incentivos a las empresas que creen puestos de trabajo formales, como los subsidios para el desarrollo o expansión de negocios y del empleo, y los programas dirigidos a aumentar las calificaciones de la fuerza de trabajo. Iniciativas dirigidas específicamente a formalizar trabajos y unidades informales, como son los regímenes de “blanqueo”, los esquemas de inspección laboral y el apoyo a la formalización de micro negocios de baja productividad. Agrupar las iniciativas de extensión de coberturas sociales a trabajadores informales, aun sin la formalización de su puesto de trabajo, como son los programas de protección social del tipo prestaciones por desempleo, cobertura de servicios de salud y protección a la maternidad.
Ofrecerle estímulos económicos y deducciones tributarias a las empresas que se formalicen y contraten población vulnerable y de baja empleabilidad, incluyendo jóvenes menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años, personas desplazadas, reinsertados y personas en situación de discapacidad.
El Gobierno Nacional financiará los primeros seis meses del primer empleo para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, bajo la condición de que las empresas vinculadas retengan hasta por seis meses adicionales (1 año en total) al 60 % de los vinculados. “El salario de estos jóvenes estará entre el mínimo ($ 644.350) y 850.000 pesos”. El problema es que los atractivos de la ley podrán haber sido víctima de las pasadas reformas tributarias, pues los parafiscales fueron eliminados en 2012 y el impuesto de renta subió en 2014.
Los hechos actuales donde el gobierno fundamenta su éxito en la reducción del desempleo, no obedecen para nada al aumento de un empleo sino de los trabajadores inactivos y en el aumento de la ocupación de los trabajadores independientes, que no están exentas de ficción.
Algunas personas que antes aparecían como desempleadas salieron de la fuerza de trabajo activa. Así, el número de empleos generados en 2013 ascendieron a 441.000, cifra muy inferior a la tendencia histórica.
El Gobierno atribuyó los resultados a la ley del primer empleo y a la formalización adoptada al principio de la administración y luego la reforma tributaria. La reforma determinó una reducción de los impuestos a las empresas de $8 billones, que guardan relación con las realizaciones. Si se tiene en cuenta que la creación de un empleo de salario mínimo cuesta cerca de $8 millones, su movilización para crear empleos en forma directa habría generado un millón de puestos de trabajo. Nada de esto ocurrió. La reducción de los impuestos se la apropiaron las empresas en la forma de mayores utilidades y, probablemente, de alzas de salarios de los trabajadores existentes. La contribución al empleo fue nula.
Los estímulos planteados propiciaron, de acuerdo con los diferentes indicadores, una reducción del empleo informal, en particular en los trabajadores clasificados como independientes. Sin embargo, no trajeron consiguió la ampliación de la nómina. Al parecer, los nuevos trabajadores formales, en la realidad o en el papel, vinieron a reemplazar a los antiguos.
El fracaso de la reforma fue el resultado de un error teórico. El desmonte del impuesto a la nómina da lugar a un aumento de las utilidades y a una elevación de los salarios de los trabajadores existentes; el camino no era entregarles a las empresas los recursos mediante exenciones tributarias para que los distribuyeran de acuerdo con sus intereses particulares. Lo menos que se podía esperar, como lo requería la ley de primer empleo, es que la entrega del subsidio estuviera acompañada de una organización que garantizara que la contratación de trabajadores formales se realizara ampliando la nómina.
Sin embargo, el balance laboral no podía ser más lamentable. El empleo no aumentó en relación con la tendencia histórica y la reducción de la informalidad, se realizó a expensas de los trabajadores veteranos. De nuevo se demuestra que la represión laboral y la baja de los costos laborales no tienen mayor efecto sobre la ocupación.
Esta situación de la juventud trabajadora colombiana, que es una generación joven más educada, se agrava por que quienes salen en busca de empleo digno. Los empleos que consiguen las y los trabajadores los jóvenes son mal remunerados, inestables y con malas condiciones laborales.
